La sociedad civil y la ciudadanía guatemalteca deben organizarse para respaldar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a la llegada del nuevo funcionario costarricense, Francisco Dall’Anase Ruiz, en sustitución de Carlos Castresana.
Pasados 18 años de la guerra civil de El Salvador, salvadoreños y salvadoreñas todavía sienten las consecuencias de los 12 años de conflicto. Una de ellas es la impunidad. A causa de ello, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en relación con el país centroamericano.
La explosión de un artefacto lanzado por desconocidos contra la sede de campaña del candidato a la Presidencia de Colombia, Juan Manuel Santos, dejó el martes en la noche al menos nueve personas heridas, a cuatro días de las elecciones generales en esa nación.
La sociedad civil guatemalteca acompañará a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en la presentación de su informe de labores y retos ante las misiones diplomáticas y de países donantes en la sede de la Organización de Naciones Unidas (ONU), en Nueva York, Estados Unidos (EEUU).
Jefes de bloques del Congreso de la República se comprometieron a aprobar antes del 15 de mayo seis iniciativas de ley, propuestas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), normativas encaminadas al fortalecimiento de la seguridad en el país.
El Procurador de los Derechos Humanos (PDH), Sergio Morales, manifestó su preocupación por el ataque sufrido por el periodista Felipe Valenzuela, que considera es parte del aumento de la violencia en el país y por las agresiones contra los trabajadores de la prensa, que se mantienen en total impunidad.
Construir la democracia y proteger los derechos humanos ha sido imposible en Guatemala tras la firma de los Acuerdos de Paz de 1996, después de 36 años de guerra interna, debido a la debilidad del Estado, la escasa recaudación de impuestos, una baja inversión social, la falta de independencia judicial, la violencia creciente, la militarización de la seguridad pública y la impunidad.
Este martes 26 de enero, el juez y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, decidió la absolución de los seis generales acusados de connivencia con el golpe de Estado del 28 de junio de 2009, que sacó del poder al Presidente Manuel Zelaya Rosales.
